Por Hernán Imhoff, Presidente Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo.
La seguridad ciudadana constituye uno de los aspectos más importantes al momento de seleccionar un destino turístico tanto para clientes locales como internacionales.
En el momento de optar por llevar a cabo una reservación de hotel o la compra de un tour; por ejemplo, el cliente valora las condiciones del entorno como la calidad de la infraestructura o cuán protegida estará su familia ante eventuales peligrosos.
La decisión de establecer un itinerario de viaje siempre implica una percepción positiva de los niveles del entorno. Por esa razón, una política pública adecuada en este campo tiene un enorme impacto en un sector como el turismo que aprecia sobre manera la tranquilidad y la hospitalidad de los sitios de destino final.
El reciente anunció del Poder Ejecutivo de que este año cuerpos como la Policía de Tránsito recibirán unidades móviles nuevas y equipo tecnológico para apuntar la vigilancia en carretas es una buena nueva para todo Costa Rica.
La adquisición de esas facilidades será posible gracias a un financiamiento que actualmente se gestiona con el Banco Centroamericano de Integración Económica que aportará $USD 150 millones.
Esa suma permitirá adquirir 1 795 vehículos para el Ministerio de Seguridad y 146 para la Policía de Tránsito. Además, 50 “perreras” para el trasladado de detenidos, 300 motocicletas, 20 microbuses, 19 camionetas, 1 084 pickups y 181 automotores todo terreno. Además, 3 500 cámaras corporales y 60 drones para operaciones especiales.
Las compras derivadas de esta iniciativa marcarán un antes y un después en la historia de la seguridad ciudadana en Costa Rica. Lo más relevante es que este esfuerzo llega en un momento oportuno para combatir el crimen organizado y sus redes de operación que han adquirido un carácter internacional y que reciben sumas de dinero ilícito para financiar las actividades al margen de la ley.
En esta lucha, en muchas ocasiones, nuestras fuerzas policiales se encuentran en clara desventaja. Sin embargo, este nuevo paso debe convertirse en el punto de partida para inclinar la balanza en favor de una mayor protección para la ciudadanía.