Regidores de Nandayure podrían quedar destituidos sino fortalecen la Oficina de Auditoría Interna

Por Luis Castrillo Marín.

La Contraloría General de la República (CGR) le exigió al Concejo Municipal de Nandayure adoptar medidas concretas para fortalecer la Oficina de Auditoría Interna según establece el oficio DFOE-SEM-1475 del 26 de agosto; además, en caso de un incumplimiento los ediles podrían ser castigados incluso con la destitución.

El documento de la CGR reitera la disposición 4.5 girada en el informe n.° DFOE-LOC-IF-00029-2022 que le ordenaba al Concejo implementar las acciones “para fortalecer la Unidad de Auditoría Interna, de manera que se garantice el cumplimiento efectivo y oportuno de las funciones de esa Unidad. Considere como parte de las acciones, valorar la dotación de al menos una plaza profesional adicional a la del titular, que permita a esa Auditoría Interna robustecer aspectos relacionados con la cobertura oportuna del universo auditable, así como la mejora en el desempeño y la calidad de los servicios”.

La respuesta del Concejo a la CGR en relación con una plaza adicional señaló que la Administración del Gobierno Local no había presentado el perfil ocupacional; por lo que el órgano colegiado solicitó valorar los resultados de un estudio integral de plazas realizado, a fin de definir la creación de una plaza adicional y su respectiva inclusión en el Manual descriptivo de clases de puestos.

Además, los regidores le contestaron a la CGR que el Municipio carece de recursos financieros para el pago de un segundo salario en la Oficina de Auditoría Interna que ya cuenta con un profesional en esa área.

Cargo en peligro

La respuesta de la CGR a los regidores de Nandayure indica que “la información suministrada por ese Concejo Municipal, no atiende lo solicitado por la Contraloría General” porque a pesar de que se han definido acciones para el fortalecimiento de la Unidad de Auditoría Interna, a la fecha no se han implementado en su totalidad, dado que no se ha logrado la dotación del equipo mínimo que permita a esa Auditoría Interna robustecer aspectos relacionados con la cobertura oportuna del universo auditable, así como la mejora en el desempeño y la calidad de los servicios”.

La Contraloría General de la República otorgó al Concejo Municipal un plazo definitivo al 31 de marzo de 2027 para acreditar las acciones ejecutadas que permitan dotar y fortalecer la Auditoría Interna con al menos un asistente profesional.

El oficio DFOE-SEM-1475 advierte que, si persiste la desobediencia después de esa fecha, el incumplimiento se reputará como falta grave y podrá dar lugar a la suspensión o destitución de la persona funcionaria infractora, conforme al artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Jorge Pérez Villarreal, Auditor Interno de la Municipalidad de Nandayure, señaló que recibe “esta advertencia de la Contraloría General de la República con la seriedad que corresponde, pero también como la confirmación de una situación que he señalado formalmente durante años. He remitido perfiles de puestos, estudios técnicos, solicitudes presupuestarias y advertencias al Concejo Municipal para que la Auditoría Interna deje de operar como una unidad unipersonal. Pese a ello, las gestiones no se han traducido en la dotación real del recurso humano y presupuestario requerido. En los hechos, ha faltado voluntad política del jerarca institucional —el Concejo Municipal— para resolver una problemática conocida, documentada y advertida de forma reiterada”.

El plazo fijado al 31 de marzo de 2027 para que el Concejo aplique las disposiciones de la CGR no admite más dilaciones porque ese ente fue muy claro en que un nuevo incumplimiento se considerará como falta grave y; además, previo respeto del debido proceso podría derivar en la suspensión o destitución de las personas funcionarias responsables indicó esa entidad de control.