El narco en el Estado de Derecho: ¿Enemigo externo o poder que ya lo atraviesa?

El narcotráfico puede estar reconfigurando las instituciones que dicen combatirlo.

Pensar una respuesta exige ir más allá de la retórica de la guerra.

Por Edgar Arturo Sánchez Mendoza. Politólogo, UCR.

Una incautación de droga en un contenedor comercial. La captura de un capo importante. Otra captura. La caída de un testaferro. Una nueva ruta, un clan desarticulado, una cárcel más llena.

Una creciente lista de extraditados relevantes hacia los EE.UU. Y, provenientes de varios países latinoamericanos. Y, mientras tanto, el negocio sigue más vivo que nunca.

Las noticias nos ofrecen a diario fragmentos de una trama cada vez más extensa: personas que transportan, protegen o distribuyen drogas; redes que cruzan fronteras y se adaptan a los controles; dinero que llega a negocios legales, y financia campañas políticas, equipos de fútbol o costea conciertos masivos.

Aparecen también denuncias sobre vínculos, sobre la cooptación y la compra de policías, de funcionarios aduaneros, de jueces, de fiscales, de legisladores, de dueños y accionistas importante de bancos privados y hasta de expresidentes y, familiares directos de éstos.

En algunos países, las fuerzas armadas han sido también señaladas por su cercanía -y no en pocos casos, involucramiento directo-, con estas redes. No todas las acusaciones y denuncias tienen el mismo fundamento ni han sido probadas ante la justicia.

Pero la reiteración de estas historias obliga a preguntarnos qué nos están diciendo… ¿Es el narcotráfico todavía un fenómeno criminal que amenaza desde afuera al Estado de derecho? ¿O se ha convertido ya en un actor que lo atraviesa y contribuye a reconfigurarlo, aunque las narrativas políticas dominantes sigan presentándolo como un enemigo externo al que basta con perseguir? Quizá convenga hablar menos de “el narco” como si fuera una organización única, y más, de redes diversas, cambiantes y opacas.

Redes que conectan el cultivo, la fabricación y el tráfico con el lavado de dinero, con la corrupción, con la violencia y con los mercados legales. Su fuerza no reside únicamente en las armas ni en la capacidad de mover cargamentos. También depende su importancia, de la habilidad que se ha puesto de manifiesto para comprar protección, para financiar actividades (ilícitas y, lícitas), infiltrar instituciones republicanas y ofrecer ingresos ahí, donde las oportunidades formales escasean o donde estas son poco atractivas en comparación con el lucro y la avidez que aquello brinda.

La lista de capturas e incautaciones puede alimentar la impresión de que la guerra contra el narcotráfico avanza. Sin embargo, si las rutas se reacomodan, las organizaciones se fragmentan y el negocio conserva su capacidad de expansión, ¿qué significa exactamente “estar ganando”? ¿Se mide la victoria por el número de personas detenidas, por la cantidad de droga decomisada o por la reducción efectiva de la violencia, la corrupción y el poder económico de estas redes?

Un enemigo que atraviesa al Estado La pregunta se vuelve más incómoda cuando quienes dicen combatir el narcotráfico recurren a asesinatos selectivos o arbitrarios, o cuando las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley aparecen comprometidas con aquello que persiguen. Un Estado de derecho no se defiende suspendiendo sus principios: si la fuerza pública puede actuar al margen de la ley, si la justicia, la tutela y la protección se compra o si la sospecha reemplaza las pruebas, la respuesta al crimen también erosiona las reglas que dice proteger. La excepción puede terminar pareciéndose demasiado al problema.

El negocio y sus beneficiarios Y, mientras se repite la retórica de la guerra al narcotráfico, el negocio se diversifica. El dinero circula a través de la compra de tierras y del uso de este para la agricultura o la ganadería, a través de la construcción de condominios en sitios transfronterizos, el establecimiento de gasolineras, la importación de bienes de capital y la proliferación de una red o un sistema intransparente de préstamos informales conocidos como “gota a gota”.

En distintos lugares, en casi toda la América Latina, jóvenes ven en estas redes una vía rápida para obtener dinero, reconocimiento y protección. Su precio puede ser el sometimiento a un sistema de dependencias múltiples y la convivencia con el riesgo permanente a una muerte “prematura” y violenta.

No hace falta imaginar una conspiración para advertir que alrededor de la guerra contra las drogas también se mueven intereses económicos y políticos. La producción y el tráfico de drogas generan enormes beneficios; la persecución moviliza presupuestos, tecnologías, armamento y aparatos de seguridad.

Eso no significa que quienes fabrican armas o equipos policiales controlen el negocio, ni que toda política de combate sea una farsa. Significa que también resultan ganadores de dividendos por el solo hecho de un consumo apreciable de bienes y servicios que terminan en manos de actores diversamente involucrados alrededor del negocio de las drogas y de su combate. El gasto social en este combate nos dice la retórica oficial, es irrenunciable. La dimensión del fenómeno es global. Se vuelven insuficientes las respuestas de un solo país (acaso de una sola región). Las redes de producción y comercio atraviesan fronteras, se conectan a través de y con circuitos financieros y aprovechan diferencias entre legislaciones.

Si el problema es transnacional, la conversación sobre sus causas y sus alternativas debería terminar de configurarse de esa manera. Repetir las mismas estrategias en contextos distintos, sin evaluar sus consecuencias ni sus límites, no termina convertida en una alternativa política seria.

Regular no basta: hay que abrir alternativas. Por eso es necesario discutir sin prejuicios la regulación de las drogas: qué sustancias, bajo qué controles, con qué objetivos y con qué mecanismos de protección. Legalizar el cultivo o el comercio no resolvería por sí solo la violencia, la desigualdad ni la corrupción. Tampoco garantizaría que las redes criminales desaparezcan: podrían transformarse, desplazarse o buscar otros mercados. Pero descartar de antemano cualquier regulación impide examinar si una política distinta podría reducir ciertos beneficios ilegales y proteger mejor a las personas.

La discusión no debe quedarse y ser reducida a la legalización. Sin prevención, atención para quienes consumen, reducción de daños, rehabilitación y oportunidades reales para abandonar las economías ilegales, cambiar una norma no transforma las condiciones que sostienen el fenómeno. Se necesitan alternativas laborales y educativas, instituciones confiables, justicia independiente y políticas capaces de ofrecer seguridad sin convertir la violencia en método habitual de gobierno.

El narcotráfico no es únicamente un enemigo al que se captura ni una mercancía que se decomisa. Es también una red de poder y de intereses que opta por alterar instituciones, economías y vidas. Reconocerlo no supone aceptar que el Estado haya sido derrotado. Supone preguntarnos, con honestidad, si las políticas actuales fortalecen el Estado de derecho o si, en algunos casos, lo debilitan mientras proclaman defenderlo. La pregunta, por tanto, no es solo si estamos ganando la guerra. Es qué entendemos por victoria, quién paga su costo y qué sociedad queda después. Quo vadis?