Por José Antonio Peraza Collado, Politólogo nicaragüense, UCR.
Este artículo analiza el modelo de “diálogo y consenso” establecido entre el sector privado nicara güense y el régimen de Daniel Ortega desde 2007 hasta su colapso formal en 2018.
El artículo muestra cómo una alianza inicialmente justificada para la búsqueda de estabilidad económica y reducción de la conflictividad política terminó legitimando y consolidando un régimen autoritario.
Durante más de una década, los empresarios privilegiaron la agenda económica sobre la política, lo que permitió un crecimiento sostenido del PIB y de la Inversión Extranjera Directa.
Sin embargo, este modelo se edificó sobre la exclusión ciudadana, la subordinación institucional y la ausencia de contrapesos democráti cos. La crisis de abril de 2018, detonada por la reforma a la seguridad social, reveló los límites del acuerdo: más de 350 muertos, miles de exiliados y la ruptura formal de la relación entre Ortega y el empresariado.
El análisis concluye que, aunque el pacto generó beneficios económicos temporales, debilitó gravemente la institucionalidad democracia y facilitó la deriva autoritaria del régimen.
Final mente, se advierte que la persistencia de acuerdos tácitos entre Ortega y los empresarios, aun después de 2018, mantendría la inestabilidad política y económica de Nicaragua, subrayando la necesidad de una nueva cultura empresarial comprometida con la democracia y la institucionalidad.
Entre el poder político autoritario y los intereses empresariales
Los sandinistas y los empresarios nicaragüenses tuvieron relaciones muy difíciles durante todo el pe ríodo revolucionario, durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro y con los gobiernos liberales.
En los 16 años que los sandinistas estuvieron fuera del poder ejecutivo, los grandes empresarios hicie ron todo lo posible para evitar el regreso del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) al poder, apoyando a los rivales políticos de Daniel Ortega. Sin embargo, en las elecciones de 2006, cuando las fuerzas liberales se dividieron en dos facciones irreconciliables, la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Consejo Supremo de la Empresa Privada (COSEP) apoyó públicamente la candidatura de Eduardo Montealegre de ALN. El día de las elecciones, los partidos liberales se dividieron en partes casi iguales, ALN obtuvo una votación del 28.99% de los votos, el PLC obtuvo el 26.35% y FSLN obtuvo un 38.04% de la votación (IPADE,2012,222).
Una vez que Ortega regresa al poder en 2007 se desarrolló un ambiente “lleno de dudas y temores” dentro del sector privado por la historia de enfrentamientos y desencuentros que ambos grupos tu vieron desde el inicio de la revolución.
El sector privado tenía muchas dudas de qué tipo de relación iba a establecer con un gobierno que no había apoyado y que estaba compuesto por casi los mismos liderazgos, con los cuáles, se había enfrentado durante los últimos 30 años (Expediente Abierto, enero, 2022). Desde antes que Ortega tomara posesión del poder en 2007, los empresarios y el equipo de transición de Ortega empezaron un proceso de acercamiento, especialmente, con la cúpula del COSEP.
Como reflexiona el Centro de Pensamiento, Expediente Abierto, “Ortega necesitaba limar asperezas con los empresarios y los empresarios necesitaban de Ortega para hacer prosperar sus negocios”.
Así nació la Alianza que Alimentó la Dictadura una alianza que alimentó, en buena medida, el desarrollo de la nueva dictadura de Daniel Ortega. No obstante, el acercamiento formal entre Ortega y el sector privado inició el 10 de octubre de 2007 en el Instituto de Centroamericano de Administración de Empresa (INCAE).
En esa ocasión, Daniel Ortega dijo que “la mesa de empresarios es el mejor CPC 1 (Consejo del Poder Ciudadano) que está funcionando como un verdadero gabinete, donde se toman decisiones”. Expediente Abierto interpretó estas reflexiones como que “el noviazgo se estaba acabando y comenzaba el matrimonio”.
A esa reunión asistieron el COSEP y los más grandes empresarios del país, con mucha desconfianza, pero allí se fraguó una alianza que se mantuvo hasta abril de 2018. En la consolidación de esta alianza jugó un papel fundamental José Adam Aguerri quién, con su gestión como presidente del COSEP, coincidió con el ascenso al poder de Daniel Ortega.
Aguerri trabajó, desde el primer momento de su mandato, ardua mente, en la construcción de esta alianza y, finalmente, protagonizó el distanciamiento formal entre ambos sectores (Expediente Abierto, enero, 2022).
Una vez establecida la alianza de hecho entre los empresarios y el gobierno de Ortega, aquellos inicia ron un proceso, casi natural, de defensa ideológica y mediática de su decisión de establecer esa alianza. Especialmente, si se toma en cuenta la historia de desencuentro entre ambos grupos, que había llegado hasta el asesinato de parte del régimen de Ortega, cuando en 1980, asesinó a Jorge Salazar uno de los lideres más importantes del COSEP al inicio de la revolución.
La primera justificación se dio al establecer los empresarios una separación de funciones entre el accionar político y económico. Una especie de Dejavú del papel que había jugado el gran capital nicaragüense durante la era somocista. En una entrevista con el periodista Álvaro Navarro para la Revista Confidencial, José Adán Aguerri, presidente del COSEP dejó bien claro el papel que le correspondía a cada sector: “nosotros gerenciamos la agenda económica de este país, los partidos políticos gerencian la agenda política. Yo puedo hablar en nombre del sector gremial y dar nuestro compromiso y valorar nuestras acciones en función de esta agenda económica sin perder de vista lo institucional, pero no vamos a asumir nosotros como gremio lo que le corresponde asumir a los partidos políticos”.
La supuesta finalidad práctica de esta alianza era superar las tradicionales luchas políticas nicaragüenses que, según el COSEP, únicamente, habían traído destrucción del capital productivo y social del país.
Así lo expresó el COSEP en un editorial de 2013: “la historia de Nicaragua confirma que el conflicto como método de resolución de problemas únicamente ha contribuido a la destrucción de nuestra riqueza. Las transiciones políticas desordenadas y los conflictos políticos y sociales le han costado a nuestro país la destrucción de buena parte de su capital productivo y social, y lo han situado entre los países más pobres de América Latina.
Por ello, es necesario evitar repetir los errores que en el pasado nos llevaron a la ruptura social”. Por tanto, el COSEP había optado por romper con la “volatilidad política” para poder avanzar en la agenda económica.
En un editorial del 24 de julio de 2012, el COSEP reflexionó así: “el círculo pernicioso en Nicaragua, los Consejos del Poder Ciudadano (CPCs) son supuestamente estructuras creadas para promover la participación ciudadana en la gestión pública y el desarrollo nacional, con el objetivo de que los ciudadanos se organicen y tomen un papel activo en la toma de decisiones. No obstante, siempre han sido señalados de ser una organización partidaria y sujeta completamente a la influencia política del FSLN y de ser utilizados para fines partidarios y con una limitada independencia y autonomía del FSLN. En otras palabras, son órganos del partido.
Desde la óptica del nuevo líder del COSEP, la nueva generación que estaba procediendo a “sustituir la visión de nuestros padres por nuestra nueva visión”. Ellos se iban a enfocar en el cabildeo basado en el pragmatismo en vez de la confrontación. El énfasis estaría centrado en expandir las inversiones, presionar y mejorar los servicios a su gremio por el cual la volatilidad económica siga siendo un espejo de la volatilidad política, y por tanto, nuestro compromiso de trabajar para que la agenda económica y social no se vea priorizada, ni superada por la agenda política partidaria”.
Los acercamientos entre los empresarios y Ortega se fueron profundizando hasta conformar una alianza que llevó a Ortega a incluir este acuerdo en las reformas constitucionales de 2014, que le aseguraron a Ortega poderse reelegir permanente. Fue una forma de legitimar su deriva autoritaria, superar la prohibición constitucional que le impedía ser candidato presidencial en las elecciones de 2011 y encubrir el fraude electoral en dichas elecciones. Para darles más seguridad a los empresarios, se amplió el artículo 98 de la Constitución política, confiriéndoles en la Constitución un rol significativo en la gestión económica. En dicha reforma constitucional, en su artículo número 98, se estableció que el Estado confiere un rol significativo al sector privado, promoviendo su desarrollo y el desempeño de las empresas formales existentes.
Esto “se impulsará a través de un modelo de alianza del gobierno con el sector empresarial pequeño, mediano y grande, y los trabajadores, bajo el diálogo permanente en la búsqueda de consensos”. Uno de los principales dilemas que vivió el sector empresarial nicaragüense con el acuerdo con el gobierno lo definió de forma muy objetiva la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua Laura Dogu ante la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) el 29 de octubre de 2018. En esa ocasión, la embajadora Dogu dijo que el futuro de Nicaragua era “incierto debido a la falta de un estado de derecho, la falta de democracia, y la elección de ciertos socios internacionales”.
También señaló que cuando hablaba de estos temas con los empresarios éstos le decían con “frecuencia que podían sacrificar algunos de estos derechos fundamentales porque Nicaragua no es taba en guerra, ni sufría la violencia de los países del triángulo norte”.
A pesar de las justificaciones de los empresarios, la embajadora llegó a conclusiones bastante acertadas sobre la realidad que vivía Nicaragua y los empresarios aliados de Ortega, al señarles que, la “comunidad empresarial valoraban más la estabilidad que la sostenibilidad. Creían que el crecimiento económico traería oportunidades”. No obstante, según la misma embajadora Dogu, la mayoría de los nicaragüenses “soñaban con un país justo con oportunidades económicas para todos. Donde la corrupción y la identidad política no limitaran las oportunidades a solo unos pocos”.
*Primero de una serie de artículos dedicados al análisis de la realidad política actual de Nicaragua.
