Primera Vicepresidencia del Partido Avanza liderará estrategia nacional en seguridad

El Partido AVANZA anunció que Marcela Ortiz, reconocida experta internacional en temas de seguridad y crimen organizado, acompañará al aspirante presidencial Jose Aguilar  como candidata a la primera vicepresidencia designada para liderar la estrategia nacional en materia de seguridad pública y lucha contra el crimen organizado.

Marcela Ortiz cuenta con una sólida trayectoria profesional en organismos nacionales e internacionales y se ha desempeñado en distintos cargos. Es Consultora y asesora de agencias del Sistema de Naciones Unidas en temas de seguridad y crimen organizado transnacional.

Fue Directora General Adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), especialista en drogas ilícitas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) y asesora de la Dirección del ICD. Asimismo, ha laborado como Analista de Inteligencia Criminal en el ICD.

Con su vasta experiencia Ortiz aportará capacidad técnica y liderazgo en uno de los principales retos que enfrenta Costa Rica: recuperar la seguridad ciudadana y frenar la narco-infiltración en el Estado.

“La situación actual del país exige una acción decidida, valiente y coordinada, con respaldo ciudadano, empresarial e internacional, para recuperar la seguridad, reconstruir la confianza institucional y asegurar el futuro democrático de Costa Rica”, afirmó Aguilar

El Partido AVANZA aprovechó el anuncio de su candidata a la primera vicepresidencia para reiterar el llamado urgente a la unidad nacional para encabezar una estrategia nacional sin precedentes contra la corrupción y el narcotráfico, planteando como ejes de acción:

-Recuperación inmediata del Estado, interviniendo instituciones públicas infiltradas por la corrupción y el crimen organizado.

-Declarar emergencia nacional en seguridad, reenfocando recursos varios hacia el fortalecimiento de la seguridad del país con recursos extraordinarios, tecnología de punta y capacitación para los cuerpos policiales y el sistema judicial.

-Blindar la seguridad nacional como prioridad absoluta, reasignando temporalmente presupuesto de áreas no prioritarias (sin afectar educación, programas sociales ni infraestructura).

-Reformas judiciales, que prioricen la justicia siguiendo buenas prácticas internacionales para detener la liberación de criminales, la mora judicial y posibles conflictos de interés y corrupción.

-Reforma del Estado y transformación digital, que permita mayor eficiencia y ahorros sostenibles de hasta un 3 por ciento del Producto Interno Bruto Anual.

-Coordinación internacional con agencias especializadas en narcotráfico, para desmantelar redes de tráfico y lavado de dinero.