Autor: Revista Entre Cantones

Por Christian Klein, CEO de SAP SE.

La conversación sobre la soberanía digital gana fuerza en todo el mundo. En un clima de incertidumbre geopolítica y competencia tecnológica, es natural que las naciones busquen mayor control sobre su futuro digital. El verdadero problema no es si los países deben perseguir la soberanía en sectores críticos, sino cuál es la mejor manera de lograrla.

Muchas naciones están respondiendo al nuevo entorno global invirtiendo fuertemente en centros de datos, bajo el supuesto de que poseer la infraestructura física para la nube, los datos y la IA garantiza la independencia. Sin embargo, creer que la soberanía se logra solo con tener servidores y procesadores en territorio nacional ignora la interdependencia tecnológica del mundo. Esta idea puede desviar la atención de lo que realmente hace fuerte a un país en el ámbito digital.

Incluso cuando un centro de datos es operado por un proveedor local en territorio nacional, sus componentes clave (procesadores, equipos de red, los modelos de IA que se ejecutan allí) casi siempre son diseñados o fabricados en el extranjero. Lograr una autosuficiencia tecnológica completa significaría excluir todo el hardware extranjero y, por ende, el software extranjero que está profundamente arraigado tanto en los negocios como en la administración pública. Una estrategia de este tipo no es ni práctica ni económicamente viable, ya que aislaría a cualquier nación que la elija del flujo constante de innovación procedente de otras partes del mundo.

En lugar de perseguir la autosuficiencia total, lo cual es contraproducente, los países deben invertir de manera estratégica y crear regulaciones pragmáticas que se enfoquen en resultados concretos, no en ideales teóricos. La verdadera soberanía digital se logra manteniendo el control sobre los datos y activos más críticos, mientras se aprovechan las mejores tecnologías del mercado, siempre alineadas con los intereses nacionales.

A partir de esta idea, se aclaran varias prioridades.

Primero, los gobiernos deben invertir sus recursos limitados donde tendrán el mayor impacto. La verdadera carrera no se trata de quién acumula la mayor cantidad de servidores. Se trata de quién desarrolla y controla el software y las aplicaciones de IA que impulsan el futuro de la industria. Este es el ámbito donde realmente se decide la soberanía y la competitividad a largo plazo, y donde las inversiones públicas generarán los mayores retornos. Al fomentar la adopción de software y la IA en la industria y el sector público, los gobiernos también impulsan la demanda natural de centros de datos y chips, logrando ambos objetivos a la vez.

 Segundo, la soberanía digital no es uniforme: los niveles de protección más altos implican, naturalmente, mayores costos en tiempo y dinero. Para el máximo impacto, las naciones deben graduar la protección según la criticidad de los datos. Esto se traduce en una estrategia de tres niveles:

-Máximo Control: Información crítica (como seguridad nacional o pública) debe exigir los más altos niveles, con operaciones gestionadas bajo autoridad nacional y personal con autorización de seguridad.

-Localización de Datos: Un enfoque de soberanía a través de la localización de datos puede ser apropiado en industrias reguladas, como el sector sanitario.

-Nube de Confianza: Finalmente, los datos menos sensibles y las aplicaciones estándar pueden ejecutarse de forma segura y rentable en entornos de nube de confianza, siempre que cumplan con los estándares de ciberseguridad reconocidos.

 Tercero, los gobiernos deberían adoptar estándares internacionales de soberanía (como ISO, IEC, etc.) en lugar de crear sus propias reglas separadas. La estandarización es clave porque permite que más proveedores accedan al mercado y logren economías de escala. Además, facilita que tanto el sector público como el privado utilicen soluciones soberanas alojadas en países vecinos que sigan las mismas reglas. Esto resultará en una oferta de nube soberana más amplia, a menores costos y de implementación más rápida.

 Cuarto, es prudente que las naciones inviertan en educación, capacitación e investigación en los campos de la nube, los datos y la IA aplicada. Al hacerlo, equiparan sistemáticamente a su gente con las capacidades, la experiencia y las habilidades para tomar el destino digital de su nación en sus propias manos. En este sentido, queda claro que la soberanía es mucho más que comprar y poseer hardware.

Al final, se trata de una comprensión común: el futuro digital de una nación no se determinará en salas de servidores. Será moldeado por sus empresas e instituciones públicas al tomar decisiones inteligentes y pragmáticas sobre su soberanía y competitividad. Esto significa centrarse en resultados en lugar de ideales teóricos, y aplicar las mejores tecnologías disponibles para crear valor duradero.

Por Catalina Arguedas. Editorial La Jirafa y Yo.

En un momento en que la educación costarricense ocupa un lugar central en la agenda país, y en el que las alertas sobre los niveles de lectura y comprensión en la niñez de primaria interpelan a toda la sociedad, surgen noticias que invitan a mirar el futuro con esperanza. Una de ellas es la declaratoria de Interés Cultural del libro Leo y Lea, una obra que se suma, con sensibilidad y rigor pedagógico, a los esfuerzos por fortalecer la lectura desde los primeros años de escolaridad.

Publicado por Editorial La Jirafa y Yo, fundada en 2008, Leo y Lea es fruto de una trayectoria editorial sólida y comprometida con la formación de lectores reales desde la infancia. El libro refleja una manera de entender la lectura como una experiencia para comprender, disfrutar, pensar y reconocerse en los textos. Desde sus inicios, la editorial ha sostenido una visión humanista de la lectura, concebida no como una destreza mecánica, sino como un proceso cultural, emocional y formativo que acompaña el desarrollo integral de niños y niñas.

La declaratoria otorgada por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Cultura y Juventud reconoce precisamente ese valor. Según el dictamen técnico, Leo y Lea logra una convergencia singular entre cultura costarricense, entorno cotidiano y proceso lector, mediante historias sencillas, cargadas de ternura y cercanas a la experiencia de la niñez. El libro incorpora de forma natural elementos pedagógicos clave —como la repetición estructurada, el ritmo progresivo y la coherencia textual— y los integra con valores culturales y sociales que fortalecen el sentido de pertenencia y la identidad desde los primeros grados.

La propuesta editorial no se queda ahí. Leo y Lea es el primer libro de una colección escolar compuesta por seis tomos consecutivos, diseñados para acompañar a los estudiantes desde primer hasta sexto grado de primaria. Esta colección ofrece una secuencia lectora progresiva y coherente, complementada por un acompañamiento pedagógico que potencia las cualidades de cada libro y favorece el goce, la comprensión y el disfrute tanto del docente como de los estudiantes en el aula.

En tiempos de crisis educativa, la esperanza se construye con proyectos sólidos, con materiales pertinentes y con libros que nacen del conocimiento profundo del aula y de la realidad de los niños y niñas. Leo y Lea representa esa esperanza concreta: la de volver a poner la lectura en el centro, no solo como objetivo académico, sino como una experiencia significativa capaz de transformar trayectorias educativas y vitales.

La declaratoria de Interés Cultural reafirma que la educación y la cultura caminan juntas, y que iniciativas editoriales comprometidas pueden convertirse en aliadas estratégicas del país. En ese camino, Editorial La Jirafa y Yo continúa aportando, desde hace más de quince años, libros y recursos pedagógicos de comprobada eficacia, convencida de que formar lectores es también formar ciudadanía, sensibilidad y futuro.

Por Esther Castillo Jiménez-editora de los periódicos La Voz de La Pampa y El Sur Sur.

Al despedir un 2025 que deja una huella profunda y dolorosa, el país está obligado a mirarse al espejo con honestidad. Las cifras de asesinatos, los accidentes evitables y la violencia cotidiana no son hechos aislados ni simples estadísticas: son el reflejo de una sociedad que ha venido perdiendo sensibilidad, respeto y sentido de comunidad. Lo más grave no es solo lo que ocurre, sino la forma en que empezamos a normalizarlo.

A este panorama se suma la indigencia creciente, rostros humanos que deambulan entre la indiferencia y el olvido, sin que como sociedad reaccionemos con la urgencia que el drama exige. Se suma también la suciedad que invade comunidades, barrios y mercados, convertidos en botaderos improvisados, mientras muchos pasan de largo como si el deterioro no les perteneciera. Esa ceguera social, esa apatía colectiva ante lo evidente, termina siendo tan dañina como la violencia misma.

En muchas provincias, las carreteras están llenas de huecos que ponen en riesgo vidas todos los días. Algunas son rutas nacionales que dependen del Conavi; otras son caminos cantonales cuya atención corresponde a las municipalidades; y en no pocos casos existe una competencia compartida entre ambas instancias. El resultado es el mismo: mientras se discuten protocolos, competencias y responsabilidades, los huecos siguen ahí y los accidentes también. La desidia burocrática se convierte en cómplice silenciosa del abandono.

En materia de seguridad, la frustración ciudadana es cada vez mayor. La delincuencia actúa, los ladrones asaltan, la Policía los detiene y, en muchos casos, al día siguiente vuelven a estar en la calle por decisiones judiciales que la población no logra comprender. Se repite una y otra vez el mismo patrón: personas con múltiples aprehensiones en su historial continúan delinquiendo, fortaleciendo la sensación de impunidad y debilitando la confianza en el sistema. No se trata de atacar a la justicia, sino de admitir que algo no está funcionando cuando el esfuerzo policial se diluye y la ciudadanía queda expuesta.

Este escenario obliga a una reflexión más profunda, especialmente cuando el país entra en un año electoral. Elegir no puede seguir siendo un acto impulsivo ni emocional. Vale la pena pensar con seriedad quién tiene la capacidad real de poner orden y generar cambios. Pero también es necesario entender cómo funciona el poder en Costa Rica: aquí no manda una sola figura. Por más voluntad que tenga el Poder Ejecutivo, muchas decisiones clave dependen de la Asamblea Legislativa, primer poder de la República.

Y es precisamente ahí donde el país suele quedar entrabado. Proyectos urgentes en materia de seguridad, infraestructura, ordenamiento institucional y atención social pasan meses (y a veces años) empantanados entre comisiones, negociaciones y cálculos políticos. Mientras tanto, la calle sigue cobrando vidas y el deterioro avanza. No se trata de culpar por consigna, sino de exigir responsabilidad a quienes legislan y recordar que gobernar también es decidir a tiempo.

Este no es un llamado a la resignación, es una advertencia. El país no puede seguir tolerando la indiferencia, la impunidad ni la lentitud que cuesta vidas. Un sistema donde el delincuente entra por una puerta y sale por otra, donde los proyectos urgentes duermen en la Asamblea y donde la burocracia pesa más que la seguridad ciudadana, es un sistema que está fallando a su gente.

El 2026 exige carácter, decisiones y responsabilidad. Costa Rica no necesita discursos ni excusas: necesita orden, justicia efectiva y una ciudadanía que deje de ser espectadora del deterioro y asuma, de una vez por todas, su papel en el rescate del país.