La activista social de La Fortuna de San Carlos, Susan Rodríguez Calvo, destacó los aportes de su trayectoria de más de 20 años en favor de luchas cívicas en esa región de la Zona Norte donde ha integrado movimientos en campos como: el ambiente, desarrollo vial y asociaciones comunales, entre otros frentes.
En el último de esos esfuerzos Rodríguez Calvo participó de manera constante como activista social para apoyar a 77 familias que a finales del mes pasado fueron expulsados de la comunidad de Chorreras donde viven hace unos 40 años con el apoyo del mismo Estado costarricense que ha desarrollado obras de infraestructura tale como una escuela de primaria que fue demolida por el Ministerio de Seguridad Pública.
La dirigente señaló que su participación en estos movimientos sociales “no inició ayer con este último caso, sino que data de hace por lo menos dos décadas, eso lo puedo corroborar fácilmente cualquier persona”.
“El único afán que mueve mis acciones en este tipo de iniciativas es aportar al desarrollo de mi comunidad, jamás he percibido un solo colón para emprender este tipo de desafíos que realizó con el mayor de los gustos”, destacó Rodríguez Calvo.
Hace dos semanas esta dirigente organizó una gira de medios de comunicación a la comunidad de Chorreras para que un grupo de periodistas pudieran comprobar in situ la devastación ocasionada por el desalojo; no obstante, que varias de las familias habían recibido parcelas hace 40 años por parte del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), hoy Instituto de Desarrollo Agrario.
“Como parte de mi participación en el Observatorio Ciudadano soy libre de emprender las acciones que estime pertinentes para defender las causas en que creo sin tener que pedir autorización a nadie o contar con el visto bueno de alguien, por dicha, vivimos en Costa Rica, en un país como el nuestro los ciudadanos podemos valernos de los instrumentos legales o sociales legítimos para promover causas tan nobles como reivindicar el derecho de las familias de Chorreras”, destacó Rodríguez Calvo.
En la actualidad la Sala IV tramita un recurso de amparo -pendiente de resolver- en contra de la expulsión de las familias de esa localidad porque la acción se tomó sin que mediara la elaboración de un estudio de impacto ambiental que midiera las consecuencias de esa acción u ofreciera una solución a las familias sacadas del lugar.
“Uno tiene que ser claro en que este tipo de luchas no se ganan de un día para otro porque implican un gran esfuerzo en varios frentes desde la parte legal hasta los medios de comunicación e instituciones del gobierno central, así como Municipalidades, eso requiere de un gran sacrificio personal, pero sobre todo de un interés genuino sin dobles discursos para poder hablar de frente”, añadió la integrante del Observatorio Ciudadano.
Además, del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional el Patronato Nacional de la Infancia lleva a cabo una investigación para determinar el paradero de siete niños que vivían en Chorreras cuyo paradero actual es desconocido.