Por Glenda Dixiana García Madrigal. Ciudadana puntarenense.

La reciente separación de autoridades en el Hospital Monseñor Sanabria ha puesto nuevamente en evidencia una realidad que muchos usuarios del sistema de salud en Puntarenas conocen desde hace años: existen fallas estructurales que no pueden seguir siendo ignoradas.

Más allá de los hechos específicos que hoy se investigan, y que deberán esclarecerse bajo el debido proceso, lo cierto es que esta situación refleja un problema más profundo.

No se trata únicamente de responsabilidades individuales, sino de debilidades en la gestión, en los controles internos y en la capacidad de respuesta de una institución clave para la provincia.

La salud pública no admite improvisaciones. Cada decisión administrativa, cada proceso clínico y cada acción dentro de un hospital tiene un impacto directo en la vida de las personas.

Por eso, cualquier señalamiento sobre irregularidades debe ser atendido con la mayor seriedad, pero también con responsabilidad, evitando juicios anticipados que puedan desvirtuar la verdad. Puntarenas ha enfrentado durante años limitaciones en acceso, infraestructura y recursos humanos en su sistema de salud.

Esta coyuntura debe entenderse como una oportunidad para ir más allá de medidas temporales y abrir un proceso real de revisión y fortalecimiento institucional. Es momento de preguntarse si los mecanismos de supervisión están funcionando, si los procesos administrativos responden a estándares adecuados y si la gestión hospitalaria está alineada con el principio fundamental de todo sistema de salud: poner al paciente en el centro.

La confianza ciudadana no se recupera con decisiones aisladas, sino con acciones sostenidas, transparencia en los procesos y resultados concretos. Las investigaciones en curso deben avanzar sin interferencias, pero también deben traducirse en mejoras reales, independientemente de sus conclusiones. Puntarenas no puede seguir normalizando las crisis en sus servicios esenciales.

La salud es un derecho, y como tal, debe garantizarse con eficiencia, equidad y responsabilidad. Este es un momento para corregir, fortalecer y avanzar. Pero, sobre todo, es un momento para demostrar que las instituciones pueden responder cuando la ciudadanía más lo necesita.

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