Por Gerardo Zúñiga Zúñiga. Vicepresidente del Concejo Municipal de Puntarenas*.
La imagen de un país entero bajo los escombros es la imagen más dura que puede enfrentar una nación. Venezuela vive hoy ese dolor. Y más allá de la solidaridad inmediata con las familias enlutadas, la tragedia nos obliga a una reflexión ética, técnica y política que no podemos eludir.
Si se confirman, a través de peritajes técnicos y procesos judiciales independientes, los testimonios de los cuerpos de rescate y de los equipos humanitarios que han trabajado entre los escombros, en el sentido de que una parte significativa de las viviendas de interés social construidas durante el gobierno de Hugo Chávez colapsaron por fallas estructurales, estaríamos ante una de las más graves denuncias de responsabilidad estatal de este siglo en América Latina.
No se trata aquí de un debate ideológico. Se trata de concreto, de acero, de planos, de cálculos estructurales y de vidas humanas. Levantar miles de apartamentos para las familias más pobres con materiales deficientes, con diseños no aptos para una zona sísmica y sin una fiscalización técnica real, es exponer a la población a una muerte anunciada. Si eso ocurrió, no es una simple “mala ejecución”. Es la negación del derecho fundamental a la vida y a una vivienda digna y segura. Y cuando esa negación es masiva y sistemática, la comunidad internacional tiene el deber de llamarla por su nombre.
Venezuela enfrenta ahora el reto más grande de su historia contemporánea: reconstruirse. Pero reconstruir no puede significar repetir. El nuevo país que surja de entre las ruinas tiene la obligación moral de edificar sobre bases distintas: transparencia, técnica y memoria.
Eso implica adoptar y aplicar sin concesiones los códigos de construcción sismo-resistentes más actualizados. No basta con tener una norma en papel. Se requiere supervisión técnica independiente, laboratorios certificados, control de calidad en cada mezcla de concreto y auditoría externa en cada obra pública. La corrupción en la construcción mata. Un soborno para aprobar una losa mal hecha se paga con ataúdes.
La reconstrucción debe ser un proceso abierto. Los planos, los presupuestos, las empresas contratistas y los informes de inspección deben ser de acceso público. Solo así las familias podrán confiar en que el techo que se les entrega no será su tumba.
Venezuela deberá crear un registro nacional de víctimas y de edificaciones colapsadas, con causas determinadas. Ese registro no es para la revancha política. Es para que ninguna generación futura vuelva a repetir el mismo error. La memoria técnica salva vidas.
Ahora bien, ¿qué lección saca Costa Rica de esta tragedia?
Costa Rica es, por su ubicación geográfica, un país sísmico. Lo sabemos desde 1910, desde el terremoto de Cartago. Hemos avanzado con el Código Sísmico, con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y con una cultura de prevención que, aunque perfectible, es referencia en la región. Pero la complacencia es el primer paso hacia la tragedia.
Cada proyecto de vivienda social, cada escuela, cada Ebáis y cada puente debe cumplir la norma sin rebajas ni “arreglos políticos”. Cuando se flexibiliza la norma para abaratar costos, se está firmando una sentencia.
Invertir en buen diseño, en buen concreto y en buena inspección ahorra millones en rescate, en hospitales y en duelo. El país debe blindar el presupuesto de la CNE, del INVU y de las municipalidades para inspección y control urbano.
Costa Rica debe tender la mano a Venezuela en esta hora. Enviar ingenieros, rescatistas y cooperación técnica es un deber humanitario. Pero esa solidaridad debe ir acompañada de la exigencia de buena gobernanza. Ayudar a reconstruir sí, pero velando porque cada dólar se traduzca en estructuras que protejan y no que entierren.
El debate no es entre izquierda o derecha. El debate es entre la vida y la negligencia. Un techo no puede ser una trampa. Un Estado no puede prometer seguridad y entregar riesgo.
Venezuela tiene ante sí la oportunidad histórica de convertir el dolor en institucionalidad. De pasar de las promesas a los planos firmados, de los discursos a las vigas bien amarradas. Que este terremoto sea el punto de inflexión para que ninguna madre, ningún niño, ningún adulto mayor vuelva a morir porque el Estado le falló en lo más básico garantizarle un lugar seguro donde vivir
Que la memoria de quienes hoy están bajo los escombros se convierta en la norma que mañana proteja a millones. Ese es el único homenaje digno. Ese es el único futuro posible.
*Doctor en Derecho, Historiador y Politólogo.