Por Luis Castrillo Marín.
Una vez más, igual que hace cuatro años, Casa Presidencial visitó la zona de Crucitas en el cantón de San Carlos para montar un circo político-mediático donde abunda la parafernalia apropiada para las cámaras de televisión y los micrófonos, pero muy escasa en soluciones reales a los problemas socioeconómicos que enfrentan las comunidades limítrofes con Nicaragua.
En el año 2022, cuando el hoy ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, asumió el mando del país llegó a la citada región prometiendo soluciones inmediatas, desarrollo y una mayor presencia del Estado en comunidades históricamente olvidadas.
Como buen político aquello fue puro discurso vacío que a la vuelta de cuatro años nunca se materializó en una sola obra concreta (caminos en buen estado, servicios de salud, etc, etc) que materializara esas vacuas promesas que nunca pasaron de la arenga de plaza pública.
Ahora en el 2026 la actual mandataria, Laura Fernández, vuelve a montar el mismo show de la consabida peregrinación -que parece será una obligación turística de todos los gobiernos ahora en adelante- a una tierra olvidada durante muchas décadas porque las autoridades de turno -de uno y otro partido- jamás se han preocupado por atender las necesidades de miles de costarricenses dejados a la mano de Dios en aquellos lares.
Luego de un par de días paseando en la Zona Norte -en carros de lujo, con jugosos viáticos y hospedados en hoteles VIP- la Comitiva de Burócratas regresó a San José donde seguramente engavetarán el tema hasta al próximo proceso electoral cuando ocupen posicionarse ante los electores como gentes preocupadas por esa parte de la geografía nacional.
Estamos frente a una venta de humo recurrente como cuando el expresidente Chaves visitó la comunidad de Chorreras -en el mismo distrito sancarleño de Cutris- donde afirmó en tono vehemente que “en menos de un año” iba a arreglar el tema de 80 familias que habitaban en la milla fronteriza hace más de cuatro décadas.
Pasada una abundante cantidad de meses aquella afirmación quedó en el más absoluto olvido y; por el contrario, los vecinos de Chorreras fueron desalojados por un contingente de más de 50 policías al mejor estilo de una ocupación militar en zona de guerra.
No se les ofreció apoyo alguno, ninguna institución oficial elaboró un plan B para casi 300 vecinos que de la noche a la mañana fueron tirados a la calle estigmatizándolos como delincuentes por un gobierno que supuestamente defiende los intereses del pueblo en contra de las élites tradicionales.
La verdad es una sola. La clase dirigente no tiene solución alguna -y ni le interesa- para pueblos como Crucitas o Chorreras porque en los actuales tiempos de redes sociales y digitalización parece más importante el espectáculo que gobernar con eficiencia.