Por Gerardo Zúñiga Zúñiga. Vicepresidente del Concejo Municipal de Puntarenas*.
La ejecución de la nueva mega cárcel por parte del Gobierno Central constituye una medida de política criminal que debe analizarse desde tres aristas fundamentales lo legal, lo institucional y lo político el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad ciudadana.
El artículo 21 de nuestra Constitución Política tutela el derecho a la vida y a la integridad. Para cumplirlo, el Estado debe contar con infraestructura penitenciaria que permita el cumplimiento efectivo de las penas y la separación de perfiles de alta peligrosidad. Esta mega cárcel responde a ese mandato.
Una cárcel de esta magnitud permite modernizar el sistema penitenciario. Facilita la clasificación de privados de libertad, mejora el control, reduce el hacinamiento y le da al Ministerio de Justicia y Paz herramientas reales para la gobernabilidad dentro de los centros. No es la solución total al problema de la criminalidad, eso pasa por prevención, educación y empleo. Pero sí es una herramienta indispensable para atenuar y contener el avance del crimen organizado.
Este proyecto envía un mensaje claro a la ciudadanía: el Estado no ha renunciado a su deber de imponer el orden. Y también envía un mensaje a las nuevas generaciones. Las cárceles no deben romantizarse. Deben mostrarse como lo que son: la consecuencia legal de violentar la ley y el pacto social. Que un joven conozca de primera mano lo que significa perder la libertad puede ser el factor disuasivo que lo aparte del delito.
Costa Rica no puede seguir con un sistema penitenciario colapsado. Respaldar esta mega cárcel es respaldar la legalidad, es darle recursos al Estado para cumplir la ley, y es asumir con responsabilidad que la seguridad pública se construye con infraestructura.
*Doctor en Derecho, Historiador y Politólogo.