Los recursos de revocatoria y apelación presentados contra el examen de abril 2026 cuestiona severamente la calidad de las preguntas incluidas en el examen de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y plantea la interrogante si existen realmente estudios técnicos conforme a la narrativa del examen.
Las fallas en la metodología de la elaboración de la prueba ocasionaron que, en abril pasado, de un total de 1123 graduados que realizaron el examen, apenas 13 lograron aprobarlo.
El recurso de revocatoria con apelación en subsidio que fue realizado por la abogada y doctorando en derecho Victoria Velo, directora del Centro de Capacitación y Formación legal (CEFYCALE), organización que tiene una experiencia de 12 años en la preparación para el examen de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
De acuerdo con la Abogada Velo, «es evidente que un porcentaje de aprobación tan bajo como el registrado hace tres meses refleja la existencia de importantes deficiencias tanto de fondo como de forma en la elaboración del examen, no es normal que sólo 13 personas aprobaran. La estructura de la prueba, a mi criterio, no fue la más adecuada para evaluar conocimientos, no considero que midiera el dominio del Derecho. Se presentó un examen compuesto por casos excesivamente extensos; además, se incrementó en comparación con exámenes anteriores sin previo aviso el número de opciones de respuesta, pasando de tres a cinco alternativas por pregunta, y se añadieron diez preguntas más respecto de evaluaciones anteriores, también sin comunicación previa a los postulantes y con un tiempo que no fue el suficiente para resolver el examen, algunos no lograron terminar la prueba por el tiempo”.
“En muchos casos, las opciones de respuesta eran incluso más extensas que el propio enunciado, lo que generó en los aspirantes fatiga cognitiva, sobrecarga en el procesamiento de la información y un evidente agotamiento mental derivado de un instrumento de alta complejidad y larga duración. Desde mi punto de vista, algunas de esas preguntas requerían el nivel de experiencia de abogados con varios años de ejercicio profesional, y no el de licenciados y licenciadas que apenas aspiran a incorporarse, por mi labor como Abogada y con una maestría en educación puedo darle ese criterio y un examen así, con tantas falencias en estos 12 años nunca se había visto”, expresó Velo.
Además, indicó que “he compartido con ellos durante meses de estudio, análisis y resolución de casos y he debatido con ellos, que eso se logra con buenas bases jurídicas, que sé que las tienen, desde la Universidad han tenido una preparación amplia en las distintas ramas del Derecho y las competencias necesarias para ejercer la profesión con responsabilidad. Son profesionales que han demostrado compromiso, disciplina y capacidad, y que, a mi juicio, merecen tener una oportunidad real de incorporarse al ejercicio profesional mediante un proceso de evaluación que mida efectivamente sus conocimientos”.
“Esto nos lleva a plantear una reflexión que considero indispensable: ¿el examen está cumpliendo su verdadera finalidad de evaluar los conocimientos jurídicos de los aspirantes o, por el contrario, se ha convertido en un obstáculo desproporcionado para el acceso al ejercicio de la profesión?” resaltó la doctoranda en Derecho Velo.
Ejemplo concreto
El recurso que la Abogada Velo redactó entre otras la siguiente pregunta del examen:
-Valeria analiza una reforma parcial a la Constitución. ¿Cuántas veces debe leerse la propuesta antes de admitirla a discusión? a) Dos veces con intervalos de cuatro días. b) Una única vez. c) Tres veces con intervalos de seis días. d) Dos veces con intervalo mínimo de ocho días. e) Tres veces con intervalos de cuatro días. Respuesta Correcta: C
“¿Quién es Valeria? Esa debería ser la primera pregunta que cualquier persona se haga al leer el enunciado del examen. Desde el punto de vista jurídico, la respuesta es sencilla: no lo sabemos. El examen no lo
dice. ¿Es diputada? ¿Es asesora legislativa? ¿Es profesora universitaria? ¿Es estudiante? ¿Es periodista? ¿Es una ciudadana leyendo un proyecto de reforma? El enunciado no ofrece ninguna información que permita identificar quién es Valeria ni cuál es su relación con el procedimiento de reforma constitucional”, cuestionó la abogada.
La especialista añadió que esa falta de rigurosidad en el planteamiento es un problema que conduce a la confusión porque una mayor precisión debería establecer si en la interrogante se enuncia a un juez, un diputado, un alcalde o un ministro porque cualquiera de esas condiciones resulta relevante para responder de manera correcta.
“Pero cuando se introduce un personaje sin identidad jurídica ni función dentro del supuesto, el lector inevitablemente intenta atribuirle un significado que el propio examen nunca explica. La pregunta no evalúa únicamente el conocimiento de la Constitución; obliga primero al postulante a adivinar quién es esa persona y por qué aparece en el caso. Esa duda consume atención y carga cognitiva sin aportar absolutamente nada a la solución jurídica generando un sentimiento negativo de frustración. Bastaba con formular la pregunta de manera directa: “En el procedimiento de reforma parcial de la Constitución Política, ¿Cuántas veces debe leerse la propuesta antes de admitirla a discusión?” si bien es cierto el reglamento para el examen indica que las preguntas son cerradas y no abiertas como se expone”, explicó Velo.
La próxima prueba para incorporarse al Colegio de Abogados está programada para el 30 de septiembre.