La Sala Constitucional tramita un recurso de amparo relacionado con una solicitud de acceso a información pública en relación con los fundamentos técnicos que respaldaron la elaboración y aplicación del Examen de Excelencia Académica para la incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
El recurso fue presentado por el Licenciado Max Alejandro Rodríguez Gamboa, quien sostiene que el Colegio no respondió oportunamente una solicitud de información presentada el 2 de junio de 2026, mediante la cual requirió documentación relacionada con la construcción técnica del examen, incluyendo acuerdos administrativos, actas, informes técnicos, estudios psicométricos, análisis estadísticos, validaciones académicas, criterios metodológicos y demás antecedentes documentales que sustentaran decisiones relevantes adoptadas durante el diseño y aplicación de la prueba.
La última aplicación del Examen de Excelencia Académica se realizó en abril de 2026 y participaron 1 123 graduados en Derecho, de los cuales 13 obtuvieron una calificación aprobatoria.
Según explicó Rodríguez Gamboa, ante la ausencia de respuesta dentro del plazo correspondiente acudió a la Sala Constitucional mediante un recurso de amparo por considerar vulnerados los derechos consagrados en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, relativos al derecho de petición y al acceso a la información pública.
«El Colegio únicamente emitió una respuesta después de que la Sala Constitucional dio traslado del recurso de amparo. Sin embargo, a mi criterio, esa respuesta no resolvió el objeto de mi solicitud. En lugar de responder si existían o no los documentos técnicos solicitados, desarrolló una explicación sobre las facultades que le confiere el Reglamento del Examen y la forma en que este regula la prueba, pero dejó sin contestar la cuestión central que planteé», manifestó Rodríguez Gamboa.
El recurrente indicó que la información solicitada no pretendía obtener el banco de preguntas ni revelar el contenido del examen, sino conocer la existencia de los documentos técnicos que respaldaron decisiones administrativas relacionadas con una evaluación cuyos resultados determinan el acceso al ejercicio profesional.
«Nunca solicité conocer las preguntas del examen ni información que pudiera comprometer futuras evaluaciones. Lo que pedí fue saber si decisiones como el incremento del porcentaje de casos prácticos, la metodología utilizada, el tiempo asignado, los criterios de validación y otros cambios relevantes estaban respaldados por estudios, informes técnicos o acuerdos administrativos. Esa información fue la que solicité desde el 2 de junio», afirmó Rodríguez Gamboa.
Transparencia en evaluaciones de alto impacto
Los principales estándares internacionales en materia de evaluación educativa, entre ellos los Standards for Educational and Psychological Testing, desarrollados conjuntamente por la American Educational Research Association (AERA), la American Psychological Association (APA) y el National Council on Measurement in Education (NCME), establecen que las evaluaciones de alto impacto deben sustentarse en evidencia documentada sobre aspectos como su validez, confiabilidad, consistencia, metodología de elaboración y adecuación al propósito para el cual fueron diseñadas.
«Cuando una evaluación define si un profesional puede o no incorporarse al ejercicio de su profesión, resulta razonable esperar que las decisiones adoptadas durante su construcción estén respaldadas por criterios técnicos verificables. Ese es precisamente el origen de mi solicitud de información», expresó Rodríguez Gamboa.
Además del recurso de amparo la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas (UNIRE) -organización que representa a 15 universidades privadas del país– al Colegio la posibilidad de revisar el examen aplicado con fines académicos y de retroalimentación. Esa organización también solicitó al Colegio de Abogados información relacionada con la prueba; sin embargo, debido a una repuesta negativa UNIRE decidió retirarse del Comité Consultivo del Colegio.
Igualmente, Rodríguez Gamboa presentó un proyecto de Ley con el propósito de fortalecer el marco normativo que regula los exámenes de incorporación a los Colegios Profesionales.
Según explicó, la iniciativa busca establecer reglas más claras sobre la documentación técnica que debe respaldar las decisiones relacionadas con la prueba, fortalecer el acceso a la información pública respecto de los antecedentes administrativos y técnicos que fundamenten modificaciones relevantes del examen e incorporar expresamente la observancia de estándares internacionales
La aplicación de la próxima prueba para incorporarse al Colegio de Abogados se llevará a cabo el 30 de septiembre.