Por Hernán Imhoff, Presidente Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo (CCTT).
En los últimos días, la agenda nacional ha estado marcada por el debate en torno a un proyecto de ley que propone una modificación en el costo de los boletos para viajes a Centroamérica y República Dominicana. Esta iniciativa ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa, fue vetada por el Presidente de la República.
Aún está por definirse si los impulsores de esta propuesta, que tendría un impacto sumamente negativo en el turismo nacional (tanto local como extranjero), lograrán los votos necesarios para un eventual resello. Desde la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo, hacemos un llamado enfático a los diputados para que rechacen este plan, que resulta claramente perjudicial para el país.
Diversas organizaciones han presentado argumentos sólidos en contra de esta medida, advirtiendo que el cambio en el costo de los boletos aéreos hacia Centroamérica y República Dominicana provocaría una fuga de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, hacia otros destinos fuera de Costa Rica.
Está claro que los proponentes de este proyecto desconocen la dinámica del sector turístico, en el que los viajeros, como es natural, buscan maximizar el beneficio de sus vacaciones con costos más accesibles.
La eventual aprobación de esta ley reduciría el tiempo de estadía de los turistas en Costa Rica, lo que impactaría directamente el monto de su gasto local, ya que muchos optarían por continuar su viaje hacia otros países de la región con estructuras de costos más competitivas.
Por si fuera poco, la caída en el precio del dólar ha afectado la competitividad del país, ya que los visitantes reciben menos moneda local por cada dólar que traen. Si a esta situación se suma la posibilidad de implementar esta medida, el efecto sería devastador para miles de negocios, pues muchos turistas no dudarían en viajar a otros destinos, debilitando aún más la industria nacional.
Este cambio representaría un grave riesgo para la recuperación del sector turístico tras los efectos de la pandemia de COVID-19. En lugar de fortalecer la economía local, esta medida establecería una competencia desleal, beneficiando únicamente a nuestros países vecinos y a las aerolíneas, en detrimento de los emprendedores costarricenses.
Aún estamos a tiempo de evitar este nuevo obstáculo. Por ello, hacemos un llamado urgente a los diputados para que mantengan el veto presidencial, pues lo que está en juego es la fuente de empleo de miles de familias costarricenses.