Por: Esther Castillo Jiménez..
La reciente resolución del Juzgado de la Ejecución de la Pena de Alajuela viene a echar por tierra todo el esfuerzo que el ministro Gerald Campos ha venido impulsando para ponerle verdadero control al sistema penitenciario. Su trabajo ha sido claro: cortar privilegios, endurecer el régimen en pabellones de alta contención y acabar con esa cultura de que las cárceles son hoteles de paso para criminales de alto perfil.
Resulta increíble que, en vez de fortalecer la seguridad y respaldar la línea férrea de Campos, se dicten resoluciones que terminan favoreciendo la comodidad de quienes están ahí justamente porque atentaron contra la sociedad. ¿Qué mensaje se le envía al ciudadano honrado cuando ve que asesinos, sicarios o cabecillas del narcotráfico reclaman televisores y microondas?
Aquí hay que decirlo sin rodeos: gracias a la labor de la policía (adscrita al Ministerio de Gobernación y Policía) se capturan a diario delincuentes que ponen en riesgo a la población. Luego, los guardias los mantienen bajo control. Pero al final, cuando el Poder Judicial interviene con resoluciones como esta, todo ese esfuerzo se ve debilitado. ¿No es acaso nadar contra corriente?
No se trata de negar derechos humanos básicos, sino de mantener el orden, la disciplina y la seguridad. Gerald Campos ha demostrado que con firmeza y visión se puede recuperar el control de las cárceles. Por eso, lo que hoy se necesita es que algunos del Poder Judicial dejen de minar el trabajo del Ejecutivo y de la policía, y se sume a construir un sistema penitenciario serio, disciplinado y sin privilegios indebidos.
