Por José Antonio Peraza Collado, Politólogo nicaragüense, UCR.
En Nicaragua los nuevos liderazgos del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) que ascendieron a dirigir las cámaras empresariales tomaron dos medidas para fortalecer la organización e insertarla plenamente en los procesos de planificación de la política económica:
1. Conectar a los grupos empresariales más importantes del país con el aparato organizativo del COSEP.
2. Expandir la amplitud de la organización, asegurando la afiliación de negocios y cámaras que había sido, hasta ese momento, independientes. En otras palabras, consolidar al gremio empresarial bajo una sola dirección.
Entre 2012 y 2016, las asociaciones afiladas al COSEP crecieron con la adición de cinco nuevas cámaras y arreglos especiales con otras tres asociaciones. Las nuevas cámaras que se sumaron al COSEP fueron: la de productores y distribuidores de productos farmacéuticos, de energía, de servicios de internet y telecomunicaciones, de palma africana y de tabaco.
En consecuencia, a la luz de su alianza con Daniel Ortega, el COSEP resurgía y se redefinía, en el segundo y tercer mandato de Ortega, ahora el COSEP atraía hacía su órbita a casi todas las organizaciones del empresariado del país.
Este reagrupamiento y reorganización del COSEP entre 2006 y 2016 obedeció a lo que Ben Ross Sch neider ha denominado “organización defensiva abarcadora” que es una respuesta de los empresarios a una percepción de posible amenaza.
Dado que el regreso de Ortega al poder representaba una amenaza al sector empresarial, habida cuenta del historial de confrontación entre ambos grupos. Por tanto, el COSEP vio con doble perspectiva: amenazas y oportunidades.
Mientras tanto Ortega, buscó una “gran alianza” con el sector empresarial como parte de su estrategia de consolidación del poder más gradual y menos traumática que en los años ochenta.
Al mismo tiempo, su alianza con los empresarios representaba un pararrayo contra los reclamos de la comunidad internacional, especialmente, de los Estados Unidos por el socavamiento de la institucionalidad democrática y los fraudes electorales desde 2008.
Las lecciones aprendidas por Ortega en los años ochenta le sugerían la necesidad de garantizar la inversión privada, los préstamos y los mercados para garantizar la producción y el crecimiento económico.
La política del “diálogo y consenso” para evitar la confrontación con el régimen de Ortega dio buenos “resultados para el sector privado estimulando altas tasas de crecimiento económico y aumentos de la inversión extranjera”.
Los éxitos del modelo para el sector privado estimularon que el presidente del COSEP llamara a este acuerdo “el modelo COSEP”. A pesar de la aceptación del modelo entre los grandes empresarios y las cámaras del COSEP, el modelo no estuvo exento de detractores dentro de la sociedad civil nicaragüense.
Dentro de esos críticos acérrimos estuvo el periodista Carlos Fernando Chamorro, Director de la Revista Confidencial, quien lo caracterizó como “un sistema cerrado, excluyente, de intermediación directa, en el que la cúpula del sector privado comparece como único actor en representación del resto de la sociedad a negociar los asuntos económicos con el Gobierno, y los acuerdos se convierten posteriormente en leyes, endosadas por un parlamento que no tiene poder de deliberación porque está totalmente sujeto al Ejecutivo”.
Una de las críticas más fuerte al modelo, de parte de Chamorro y de otros miembros de la sociedad civil, fue que el debate público se había trasladado del parlamento, de las universidades y de los medios de comunicación al monólogo de la vicepresidenta, Rosario Murillo.
Mientras la diversidad de voces que tenía el sector privado se había reducido a la vocería de las cámaras empresariales que lidereaba el presidente del COSEP, José Adam Aguerri.
Pero Chamorro no se queda allí y va más allá en su crítica al modelo y señala la ilegitimidad del régimen después del fraude electoral de 2008 y la consecuente represión a la oposición.
Según Chamorro, el modelo se justifica apelando a los resultados económicos obtenidos en los últimos años en los índices de crecimiento económico, exportaciones y atracción de inversiones.
No obstante, lo que no dicen los defensores del modelo, según Chamorro, son las consecuencias de la destrucción de toda la institucionalidad democrática y su sustitución por un autoritarismo sultánico.
Muchos se hacían la pregunta ¿Cuáles serían las consecuencias del modelo para la estabilidad política e institucional del país? Esas preguntas y advertencias no fueron escuchadas y mucho menos atendidas, pero se expresaron de forma diáfana en abril de 2018 cuando estallaron las protestas ciudadanas.
*Tercero de una serie de artículos que analizan el panorama político en Nicaragua.