Faltante del líquido afecta a 1 130 abonados durante muchas ocasiones
La comunidad turística de Playa Sámara de Nicoya (Guanacaste) atraviesa una grave crisis en el abastecimiento de agua potable que en los últimos meses ha perjudica al sector comercial y residencial que ha sufrido el faltante del líquido durante varias ocasiones en los últimos meses.
La situación se comenzó a complicar a finales de noviembre del año pasado cuando el servicio estaba a cargo de una Asociación Administradora del Acueducto Rural (ASADA), pero que debido a conflictos internos desapareció para trasladar la administración del servicio al Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA).
Sin embargo, ese proceso de transición aún permanece pendiente al punto que desde enero anterior a los vecinos de Playa Sámara no se les cobra el servicio de agua potable debido a ese impase en la definición del operador de la gestión del recurso hídrico.
En la actualidad en el sector de Cangrejal de Sámara existen 600 abonados al servicio de agua potable mientras que en el centro de esa comunidad hay otros 530 para un total de 1 130 usuarios.
De acuerdo con Emilce Steller, vecina de Playa Sámara, la indefinición en la administración del servicio, junto con las constantes y largas interrupciones, están “perjudicando a muchos negocios y familias que dependen en su mayoría de las actividades relacionadas con el turismo”.
“Hemos tenido meses que durante muchos días estamos sin agua, sin que haya alguna respuesta clara de parte del AYA o alguna otra autoridad competente. Uno llama a la Oficina de Nicoya y le dicen que no hay recurso humano para atender la emergencia”, indicó Steller.
Temor por cobros excesivos
En vista de que desde enero anterior debido a la burocracia estatal no se cobra el recibo del agua en Playa Sámara los pobladores temen que en los próximos meses el AYA empiece a enviar recibos acumulativos por sumas exorbitantes.
Por su parte, Juanita Castillo precisó que: “aquí tenemos dos problemas graves. En primer lugar, las constantes interrupciones en el servicio del agua y; además, el hecho de que no hay a quien pagarle, pero existe el temor real de que nos vayan a salir con una sorpresa que termine arruinando a muchos negocios y endeudando a las familias por algo en lo que ellas no tienen responsabilidad alguna”.
Un estudio de la Contraloría General de la República (CGR) del 3 de agosto pasado que se denomina “Gestión y Regulación Tarifaria de los Servicios Públicos Prestados por el AYA” señala que esa institución mantiene “tarifas desactualizadas en la mayoría de sus servicios; ha omitido presentar oportunamente los estudios tarifarios ordinarios y sus liquidaciones, y no ha aportado la información requerida por la ARESEP, lo que ha limitado la revisión periódica de los costos reales de los servicios, el reconocimiento tarifario de las inversiones y la determinación de eventuales saldos a favor de las personas usuarias”.
Ese análisis de la CGR señala que en el 2025 se identificaron cobros por ¢38 mil millones que no corresponden debido a tarifas desactualizadas en el servicio de agua potable.