Por Massimo Gambari * y Hernán Imhoff **. *Presidente de la Cámara de Turismo de Playa Sámara. **Presidente de la Cámara de Comercio de Turismo y Comercio de Tamarindo.
En la actualidad en la Asamblea Legislativa se tramita el proyecto de Ley 23 148 para el Impulso y Desarrollo de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) con el fin de promover el desarrollo de negocios en precario dentro de los primeros 50 metros de esa área donde se pretende dinamizar, entre otros objetivos, las economías de las regiones costeras.
La iniciativa representa un paso importante en la dirección correcta para promover el uso responsable de la ZMT sin que esa posibilidad implique; en modo alguno, la construcción de estructuras permanentes o incentivo del aumento -ya de por sí alarmante- de “empleos” informales.
Para que cientos de negocios como sodas, restaurantes, escuelas de surf y otras actividades se puedan establecer -según la propuesta de Ley- en esa parte de la ZMT deben cumplir condiciones como: poseer una patente municipal y; además, retirar diariamente del sitio artículos como mobiliario, sillas o mesas diariamente.
Este tipo de iniciativas ya cuenta con una larga experiencia de éxito en varios países del mundo donde ha demostrado de sobra que dinamizó los sitios de atracción de turistas sin ocasionar efectos colaterales negativos.
Por el contrario, fue una herramienta idónea para la atracción de mayor cantidad de clientes, mejorar los ingresos de los negocios locales, incrementar la generación de trabajo e aumentar la demanda por bienes y servicios locales de las industrias y compañías que abastecen a la industria turística.
La legislación actual que norma el uso de la ZMT únicamente permite el desarrollo en el área pública de obras de infraestructura y construcción que en cada caso deben aprobar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la respectiva municipalidad.
Esa limitación impide severamente un mejor aprovechamiento sostenible de las playas en beneficio de las zonas costeras donde prevalecen los mayores índices de pobreza del país y; por ende, es necesario mejorar significativamente las condiciones socioeconómicas en esa parte del país.
Además, el país ya cuenta con un antecedente importante en relación con el uso de espacios públicos con la entrada en vigencia -el 9 de marzo del 2022- de la Ley 10 126 de Comercio al Aire Libre que facultó a las municipalidades para que autorizaran a los patentados o licenciatarios el desarrollo temporal de una actividad comercial en los sitios adyacentes a los respectivos establecimientos.