Por José Antonio Peraza Collado, Politólogo nicaragüense, UCR.
El punto de quiebre en la relación de “diálogo y consenso” entre el sector privado de Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega ocurrió en abril de 2018, cuando los empresarios rechazaron las reformas a la seguridad social, que trasladaban la mayor carga económica hacia ellos.
La respuesta social fue inmediata: amplias y masivas protestas que dejaron más de 350 muertos —según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—, centenares de encarcelados y miles de exiliados.
En medio de esta ola represiva, los empresarios se vieron obligados a retirar públicamente su apoyo al gobierno. En este sentido, como advierte Tiziano Breda del International Crisis Group, “las movilizaciones sociales marcaron un punto de inflexión en la relación entre el sector privado y el gobierno”.
En ese momento, los empresarios pasaron de ser aliados pasivos a ser una débil voz crítica que de mandaba más cambios, pasando de ser aliados pasivos en el área política a ser actores críticos mode rados y rechazando la propuesta de reformas al seguro social propuesta por Ortega.
Los empresarios empezaron a demandar diálogo y elecciones libres para desmovilizar el creciente movimiento social que pedía la salida de Ortega del poder y castigo a los responsables de los crímenes.
Esto, desde luego, provocó la criminalización de los empresarios, la cancelación de las personerías de las cámaras empresariales, confiscación de propiedades, cancelación de cuentas bancarias a algunos empresarios y juicios a cualesquier empresarios que se hubiese atrevido a cuestionar la represión de Ortega después del 2018.
La arremetida más fuerte del gobierno de Ortega contra los empresarios vino en los primeros días de marzo del 2023 cuando canceló la personalidad jurídica de al menos 18 cámaras empresariales, entre ellas el Consejo Superior de la Empresa Privada, la organización empresarial más importante del país.
No obstante, desde antes de este hecho, Ortega había acusado al sector empresarial de “apoyar al terrorismo” en el año 2018, durante las protestas en su contra. La crítica fue más bien un reproche de Ortega a los empresarios por tomar distancia de su actuación después de las protestas de 2018. De esa forma, llegaba a su fin el modelo de “diálogo y consenso”.