El Concejo Municipal de San Carlos recibió una solicitud formal para investigar las actuaciones del Alcalde de ese cantón, Juan Diego González, en relación con el desalojó de 77 familias hecho ocurrido en la zona de Chorreras, Distrito de Cutris, el pasado 25 de noviembre.
La petición a los regidores sancarleños fue realizada por Susan Melissa Rodríguez Calvo, empresaria de La Fortuna, activista social e integrante del Observatorio Ciudadano que Construye Territorios Seguros.
El documento enviado por Rodríguez Calvo al Concejo solicita la “apertura de una investigación urgente contra el señor Alcalde Municipal, ingeniero Juan Diego González Picado, por posible incumplimiento de deberes y violación del debido proceso en la intervención y demolición ejecutada en la comunidad de Chorreras”.
Rodríguez Calvo señaló que lo ocurrido en Chorreras es sumamente grave porque “de ese lugar se expulsó a gente que tenía más de cuatro décadas de residir ahí construyendo una comunidad donde incluso había infraestructura construida con fondos públicos como una escuela”.
Peticiones concretas
La solicitud busca determinar si González:
Fue advertido oportunamente por la Dirección de Servicios Jurídicos mediante el oficio MSCAM-SJ-2441-2025 sobre las falencias jurídicas y ambientales que impedían ejecutar la demolición y en su condición de alcalde municipal y representante legal ignoró las recomendaciones del Departamento Jurídico de la Municipalidad de San Carlos.
No realizó ni ordenó realizar el debido proceso administrativo previo (expediente, notificaciones, audiencia, motivación) para sustentar la ejecución de la orden judicial de desalojo.
No contaba con los instrumentos administrativos válidos y completos (plan de manejo, viabilidad ambiental, actos administrativos firmes) para llevar a cabo el derribo de viviendas y estructuras.
No se apersono al expediente ni contestó al Juzgado Penal correspondiente sobre las falencias de la orden judicial ni sobre la existencia de recursos de amparo y pronunciamientos ambientales previos, omitiendo su deber de lealtad y colaboración con la jurisdicción penal y constitucional.
Además, la integrante del Observatorio pidió que como parte de esa investigación el Concejo Municipal de San Carlos:
a) Solicite informe detallado y copia íntegra a la Dirección de Servicios Jurídicos sobre el oficio MSCAM-SJ-2441-2025 y eventuales advertencias adicionales al Alcalde.
b) Requiera al señor Alcalde que comparezca personalmente ante el Concejo a rendir explicaciones, aportando toda la documentación que justifique sus decisiones.
c) Ordene la remisión de lo actuado a la Contraloría General de la República, Procuraduría de la Ética Pública y Ministerio Público, en caso de advertirse posibles responsabilidades administrativas, éticas o penales.
Municipalidad responde
Este medio de comunicación solicitó una version acerca de este tema a la Municipalidad de San Carlos. Esa dependencia indicó que: “durante el operativo efectuado en la comunidad de Chorreras, limito su intervención única y exclusivamente al cumplimiento de lo ordenado a través de la “Medida Cautelar Atípica de Restitución de las cosas a su estado anterior” dictada dentro del proceso penal tramitado bajo el expediente judicial No. 25-000857-0306-PE Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela”.
La denuncia de Rodríguez Calvo fue acogida de manera unánime por los nueve regidores del Concejo quienes trasladaron la investigación a la Comisión de Asuntos Jurídicos.