Un documento oficial emitido por la Contraloría General de la República (CGR) determinó que de las 91 entidades locales existentes en el país (84 municipios más siete Concejos de Distrito), un 44 por ciento (40 instituciones) operan con Oficinas de Auditoría Interna donde solamente labora un funcionario.
Según establece el oficio DFOE-LOC-0818 del 9 de mayo firmado por Vivian Garbanzo y María del Milagro Rosales -Gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo Local y Fiscalizadora de la CGR, respectivamente- el presupuesto anual promedio de esas 40 Oficinas de Auditoría Interna es de apenas ¢39,8 millones suma de la cual se debe rebajar el salario del funcionario y; por esa razón, las cantidades para contratación de servicios externos (como avalúos en caso de ser necesario) o pago de viáticos es casi nula.
El Oficio de la CGR surgió en repuesta a una solicitud del Presidente de la Asociación de Auditores Internos de Gobiernos Locales, Jorge Pérez, quien entre otros datos solicitó conocer cuántas municipales del país contaban con un subauditor interno.
Pérez señaló que la respuesta de la Contraloría pone en evidencia de forma objetiva una situación que “nuestra Asociación ha venido señalando desde hace varios años: el preocupante debilitamiento estructural y funcional del régimen municipal en materia de control interno”.
De acuerdo con el Presidente de la Asociación es “sumamente revelador que de todas las Auditorías Internas municipales, solo cinco cuenten con un subauditor interno nombrado, lo cual impide asegurar continuidad técnica, supervisión efectiva y la existencia de una línea de mando mínima, esencial en cualquier unidad de control.
“Estas cifras confirman que, a pesar de haber transcurrido más de dos décadas desde la promulgación de la Ley General de Control Interno, el sistema superior de fiscalización aún no cuenta con un pilar fuerte en el nivel municipal. Este debilitamiento compromete no solo la independencia funcional de las auditorías internas, sino la calidad de la gestión pública y el uso eficiente de los recursos públicos”, añadió Pérez.
Actualmente en la Asamblea Legislativa se discute el proyecto de Ley 24 931 para dotar a las Oficinas de Auditoría Interna con una suma equivalente al 3 por ciento del presupuesto anual de cada gobierno local.