Por Esther Castillo Jiménez-editora de los periódicos La Voz de La Pampa y El Sur Sur.
Al despedir un 2025 que deja una huella profunda y dolorosa, el país está obligado a mirarse al espejo con honestidad. Las cifras de asesinatos, los accidentes evitables y la violencia cotidiana no son hechos aislados ni simples estadísticas: son el reflejo de una sociedad que ha venido perdiendo sensibilidad, respeto y sentido de comunidad. Lo más grave no es solo lo que ocurre, sino la forma en que empezamos a normalizarlo.
A este panorama se suma la indigencia creciente, rostros humanos que deambulan entre la indiferencia y el olvido, sin que como sociedad reaccionemos con la urgencia que el drama exige. Se suma también la suciedad que invade comunidades, barrios y mercados, convertidos en botaderos improvisados, mientras muchos pasan de largo como si el deterioro no les perteneciera. Esa ceguera social, esa apatía colectiva ante lo evidente, termina siendo tan dañina como la violencia misma.
En muchas provincias, las carreteras están llenas de huecos que ponen en riesgo vidas todos los días. Algunas son rutas nacionales que dependen del Conavi; otras son caminos cantonales cuya atención corresponde a las municipalidades; y en no pocos casos existe una competencia compartida entre ambas instancias. El resultado es el mismo: mientras se discuten protocolos, competencias y responsabilidades, los huecos siguen ahí y los accidentes también. La desidia burocrática se convierte en cómplice silenciosa del abandono.
En materia de seguridad, la frustración ciudadana es cada vez mayor. La delincuencia actúa, los ladrones asaltan, la Policía los detiene y, en muchos casos, al día siguiente vuelven a estar en la calle por decisiones judiciales que la población no logra comprender. Se repite una y otra vez el mismo patrón: personas con múltiples aprehensiones en su historial continúan delinquiendo, fortaleciendo la sensación de impunidad y debilitando la confianza en el sistema. No se trata de atacar a la justicia, sino de admitir que algo no está funcionando cuando el esfuerzo policial se diluye y la ciudadanía queda expuesta.
Este escenario obliga a una reflexión más profunda, especialmente cuando el país entra en un año electoral. Elegir no puede seguir siendo un acto impulsivo ni emocional. Vale la pena pensar con seriedad quién tiene la capacidad real de poner orden y generar cambios. Pero también es necesario entender cómo funciona el poder en Costa Rica: aquí no manda una sola figura. Por más voluntad que tenga el Poder Ejecutivo, muchas decisiones clave dependen de la Asamblea Legislativa, primer poder de la República.
Y es precisamente ahí donde el país suele quedar entrabado. Proyectos urgentes en materia de seguridad, infraestructura, ordenamiento institucional y atención social pasan meses (y a veces años) empantanados entre comisiones, negociaciones y cálculos políticos. Mientras tanto, la calle sigue cobrando vidas y el deterioro avanza. No se trata de culpar por consigna, sino de exigir responsabilidad a quienes legislan y recordar que gobernar también es decidir a tiempo.
Este no es un llamado a la resignación, es una advertencia. El país no puede seguir tolerando la indiferencia, la impunidad ni la lentitud que cuesta vidas. Un sistema donde el delincuente entra por una puerta y sale por otra, donde los proyectos urgentes duermen en la Asamblea y donde la burocracia pesa más que la seguridad ciudadana, es un sistema que está fallando a su gente.
El 2026 exige carácter, decisiones y responsabilidad. Costa Rica no necesita discursos ni excusas: necesita orden, justicia efectiva y una ciudadanía que deje de ser espectadora del deterioro y asuma, de una vez por todas, su papel en el rescate del país.
