La Fiscalía del Ministerio Público de La Fortuna, cantón de San Carlos, recibió una denuncia penal para investigar, entre otros detalles, el manejo de los recursos financieros, registros contables, bancarios, inversiones, contrataciones y custodia de documentación de la Asociación de Desarrollo Integral de esa comunidad de la Zona Norte.
Esa solicitud fue presentada el 10 de febrero ante la citada Fiscalía por Susan Rodríguez Calvo, activista social del Observatorio Ciudadano, quien desde el 14 de setiembre pasado interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna (ADIFORT) le entregara la citada información.
La petición de Rodríguez a la Fiscalía de La Fortuna solicita que se “ordene aseguramiento urgente de evidencia física y digital por existir riesgo de ocultamiento, alteración o destrucción y que se valoren medidas cautelares proporcionales para evitar pérdida patrimonial u obstaculización de la investigación, incluyendo separación de funciones y limitación temporal de accesos y firmas sobre cuentas, inversiones y sistema contable”.
“Tenemos que recordar que ya existen advertencias previas emitidas desde instancias como la Sala Constitucional y la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad señalando la obligación legal de entregar información y rendir cuentas. Sin embargo, ante la negativa reiterada —y ahora expuesta públicamente— había que llevar el tema a los tribunales de justicia”, destacó Rodríguez.
De acuerdo con la denuncia el proceso entra ahora en una etapa crítica porque será la Fiscalía de La Fortuna y el Organismo de Investigación Judicial junto con el Ministerio Público las instituciones que deben determinar las medidas urgentes para resguardar documentación contable, evitar posibles alteraciones de pruebas y establecer eventuales responsabilidades.
“La denuncia confirman una situación que por meses ha generado preocupación comunitaria: la imposibilidad de conocer con claridad el manejo de fondos, proyectos y decisiones que afectan directamente a los vecinos de La Fortuna”, añadió Rodríguez.
La integrante del Observatorio Ciudadano pidió entre otros documentos de ADIFORT:
-Sistema contable completo, balance, mayores auxiliares, pólizas, asientos y bitácoras de usuarios.
-Estados de cuenta bancarios de todas las cuentas a nombre de ADIFORT y conciliaciones bancarias del periodo 2023 a 2025.
-Estados de cuenta de inversiones, instrumentos, tasas, plazos, rendimientos, firmas autorizadas y acuerdos que las aprueban.
-Contratación y proyectos: contratos, órdenes de compra, facturas, comprobantes de pago, informes de recepción y entregables, presupuesto aprobado y ejecutado.
-Actas y acuerdos de Junta Directiva y Asamblea vinculados a finanzas, inversiones, bienes, reglamentos, contratación y administración.
-Evidencia digital: correos institucionales, respaldos en computadoras y dispositivos de tesorería y administración, y almacenamiento en nube si existe, preservando cadena de custodia.
Posición oficial
Este medio de comunicación consultó la versión de ADIFORT en relación con esta información organización que afirmó aún “a la fecha la Junta Directiva no ha recibido notificación formal sobre el asunto en mención”.
“No obstante, en nuestro compromiso con la transparencia, informamos que se ha convocado a una Asamblea Extraordinaria el próximo 8 de marzo a las 2 p.m. en el Centro Integral Generacional con la presencia de representantes de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad para presentar los informes correspondientes a los afiliados”, indicó la versión de ADIFORT.