Por Gerardo Zúñiga Zúñiga*.
Puntarenas, tierra de mar y de gente trabajadora, ve hoy con preocupación y frustración lo que ocurre en su principal centro de salud: el Hospital Monseñor Sanabria. Lo que estamos presenciando no es un problema pasajero ni una dificultad coyuntural que se resuelva con parches o planes de contingencia temporales. Desde mi perspectiva como servidor público, y analizando los hechos con la visión que otorgan el derecho, la ciencia política y la historia, esta crisis es el resultado previsible de una mala toma de decisiones, caracterizada por la ausencia de planificación estratégica y una administración que no ha sabido responder a las realidades de nuestra población.
Hace apenas dos años se inauguró la nueva infraestructura, una obra que, en papel y en dimensiones, representa un avance. Sin embargo, la realidad nos demuestra que se construyó una instalación de magnitud considerable, diseñada quizás para proyecciones futuras o expectativas que no se corresponden con los recursos humanos disponibles hoy. Tenemos espacios amplios, equipos modernos y capacidad instalada, pero nos falta el elemento vital: el personal. La relación entre el tamaño físico del hospital y el número de trabajadores es desproporcionada. Tenemos una estructura que exige cientos de profesionales para funcionar a pleno rendimiento, pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las autoridades competentes no han garantizado las plazas ni los nombramientos necesarios. El resultado es una sobrecarga laboral insostenible para quienes sí están allí, trabajando bajo presión y con el riesgo que eso implica para su salud y para la seguridad de los pacientes El Hospital Monseñor Sanabria, referente de salud para la región del Pacífico Central y amplias zonas de Guanacaste, atraviesa una crisis que pone en riesgo tanto la integridad de sus trabajadores como la calidad de la atención a miles de ciudadanos. Desde el 23 de marzo de 2026, el personal de enfermería y técnicos de radiodiagnóstico han iniciado un paro de labores que refleja la gravedad de los problemas estructurales y laborales que afectan a esta institución fundada en 1973
El conflicto se originó por la eliminación de 32 plazas que operaban bajo la figura de «plazas especiales por plétora»recursos temporales destinados a atender la alta demanda una medida derivada de una directriz de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que ordenó su cese a partir del 17 de marzo 2026 . Esta decisión ha generado una sobrecarga laboral insostenible en un centro que, a pesar de contar con moderna infraestructura, no cuenta con el personal suficiente para cubrir las necesidades de una población creciente.
Además, el personal denuncia atrasos salariales de hasta seis meses, especialmente en áreas críticas como las salas de operaciones, así como recargo de funciones, condiciones laborales injustas y nombramientos irregulares en la dirección de enfermería. Estas situaciones no solo debilitan el funcionamiento del hospital, sino que también afectan directamente la seguridad y el bienestar de los pacientes.
Las consecuencias y las propuestas.
Pero el problema no se limita a la cantidad. Es necesario hablar también con claridad sobre la calidad. En varias dependencias del hospital, la disponibilidad y la formación de los especialistas es un tema que genera justificadas quejas. Los usuarios denuncian, y los hechos lo confirman, que faltan especialistas en áreas críticas o que los tiempos de espera se vuelven interminables. No basta con tener un edificio grande si no se cuenta con el talento humano idóneo, con la experiencia y la dedicación necesaria para atender las patologías complejas que requiere nuestra región.
A esto se suma la experiencia del usuario, que es el fin último de todo sistema de salud. En todas las áreas, desde la admisión hasta las consultas especializadas y los servicios de apoyo, se percibe un deterioro en la atención. Esto no es casualidad; es consecuencia directa de una administración que no ha sabido gestionar los recursos ni organizar los procesos. Cuando no hay planificación, el caos se instaura: los horarios no se cumplen, los protocolos se relajan y la calidez humana, que es tan importante como el tratamiento médico, se pierde en medio de la desorganización.
Como historiador, he visto que en Costa Rica muchas obras públicas se han planeado pensando más en la inauguración y en la imagen que en la sostenibilidad y el funcionamiento real. Como abogado, sé que existe un marco normativo que obliga a garantizar este servicio como un derecho fundamental. Y como regidor, siento la obligación de exigir que se corrijan estos errores.
El Hospital Monseñor Sanabria no puede seguir siendo un ejemplo de lo que está mal en nuestra gestión pública. Es urgente que las autoridades realicen un diagnóstico honesto: ajustar la operatividad a la realidad actual o dotar al hospital del personal que su infraestructura requiere. Además, se debe implementar un control estricto sobre la calidad de los profesionales y la atención al usuario.
La salud de los puntareños es un compromiso que no admite excusas ni demoras. La situación del Hospital Monseñor Sanabria requiere una intervención inmediata por parte de las autoridades nacionales, la gerencia médica de la CCSS y el Viceministro de Trabajo. Es imprescindible abrir un diálogo serio y comprometido que tenga en cuenta los derechos de los trabajadores y la necesidad de garantizar un servicio de salud de calidad para toda la región. No podemos permitir que una institución tan fundamental para el desarrollo y el bienestar de nuestra población siga sumida en la incertidumbre. La salud de los costarricenses es un derecho fundamental, y es responsabilidad de todos velar por que se cumpla.
*Regidor Propietario de Puntarenas. Doctor en Derecho, Abogado, Politólogo, Historiador.