Miles de estudiantes expulsados silenciosamente del sistema educativo.
Por Floryleni Rodríguez Zúñiga. Estudiante de Planificación Económica y Social, Universidad Nacional de Costa Rica.
Por años, el programa Avancemos ha sido presentado como una de las principales herramientas del Estado costarricense para combatir la exclusión educativa. Sin embargo, los datos más recientes no solo desnudan su fragilidad, sino que evidencian una crisis estructural que amenaza con revertir avances sociales de décadas.
Las cifras son alarmantes. Entre 2022 y 2024, una reducción presupuestaria cercana al 20% dejó sin beca a 18.908 estudiantes. Pero el problema no se detiene ahí: en los últimos cinco años, más de 86.000 beneficiarios perdieron el apoyo económico, en un contexto donde la pobreza estudiantil no ha desaparecido, sino que persiste. La tendencia es clara: menos recursos, menos cobertura y más exclusión.
Lo más grave es que estos recortes no afectan un programa cualquiera. Avancemos ha demostrado ser una política pública eficaz. De acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República “Eficiencia y eficacia del programa de transferencias monetarias condicionadas avancemos” de noviembre 2025, la transferencia monetaria condicionada reduce en un 56% la probabilidad de exclusión educativa entre estudiantes de secundaria. Es decir, estamos frente a una política que funciona y que incide directamente en el derecho fundamental a la educación.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué debilitar lo que sí funciona?
La respuesta, lamentablemente, no es solo presupuestaria. El mismo informe técnico evidencia fallas estructurales profundas: desarticulación institucional, debilidad en la coordinación entre el IMAS, el MEP y el Ministerio de Trabajo, y una ejecución ineficiente de los recursos. De hecho, se estimó que, con el presupuesto existente, se pudieron haber beneficiado en promedio más de 58.000 estudiantes adicionales por año. En otras palabras, no solo hay menos dinero: el dinero disponible tampoco se utiliza correctamente.
A esto se suma un dato particularmente preocupante: más de 36.000 beneficiarios recibieron pagos sin estar matriculados en el sistema educativo, lo que representa un 6,8% del total. Este tipo de filtraciones no solo compromete la eficiencia del gasto público, sino que hace cuestionar la legitimidad del programa y alimenta discursos simplistas que terminan justificando nuevos recortes.
Pero reducir Avancemos bajo el argumento de la ineficiencia sería un error aún mayor. La evidencia es clara: el programa no es el problema, el problema es su mala gestión y la falta de voluntad política para fortalecerlo.
La Contraloría lo advierte con contundencia: la disminución en la cobertura “pone en riesgo el cumplimiento del objetivo central del programa” y afecta la capacidad del Estado para garantizar igualdad de oportunidades. Dicho en términos más directos, estamos debilitando uno de los pocos mecanismos efectivos para romper el ciclo de pobreza.
En un país que históricamente ha apostado por la educación como motor de movilidad social, este retroceso resulta no solo contradictorio, sino irresponsable. Cada beca eliminada no es un número en una hoja de cálculo, es un estudiante con mayores probabilidades de abandonar el sistema educativo, de quedar atrapado en condiciones de vulnerabilidad y de ver truncado su proyecto de vida.
Costa Rica enfrenta hoy una encrucijada silenciosa. Puede optar por desmantelar, por omisión o negligencia, uno de sus principales instrumentos de inclusión social; o puede asumir, con responsabilidad, la tarea de reformarlo y consolidarlo.
Avancemos no es solo un programa social, sino una herramienta clave para sostener la permanencia educativa de miles de estudiantes. Permitir su debilitamiento por fallas de gestión o falta de decisión política implica renunciar, de forma silenciosa, a uno de los mecanismos más efectivos de movilidad social. Más que un problema presupuestario, lo que está en juego es el futuro de una generación que depende de estas oportunidades para no quedar fuera del sistema educativo.